lunes, julio 31, 2017






   MILITARIZACIÓN DE LA CDMX

Tomás Oropeza Berumen

A once años de que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la producción, venta y consumo de drogas sigue siendo un grave problema social y de salud pública que -como se ha demostrado- no ha podido resolverse mediante la represión militar o policiaca. Al contrario, hoy es mayor la cantidad de personas, sobre todo jóvenes y adolescentes que consumen marihuana y drogas de mayor riesgo.

La violencia de los cárteles de la droga y todo tipo de actividades ilegales encuentra tierra fértil en un país devastado por décadas de aplicación de una política económica que sólo favorece a los dueños del capital mediante reformas estructurales que han ajustado las leyes laborales para dejar en la indefensión a los trabajadores. Y que han privatizado el petróleo, la salud y la educación.

Hoy el país está repartido entre las empresas mineras a las que se ha concesionado una gran parte del territorio nacional, el narco, gobernadorcillos corruptos que actúan como señores de horca y cuchillo, el Ejército y la Marina. Todos ellos confabulados para someter y explotar a campesinos, pueblos originarios y trabajadores.

Hasta hace unas semanas la capital del país parecía un territorio a salvo de esta situación, pero lo ocurrido en la delegación Tláhuac el 21de julio, cuando elementos de la Marina “abatieron” a varios narcomenudistas con un gran despliegue de fuerzas, tanquetas y helicópteros. Acción semejante a la realizada en febrero en el estado de Nayarit, donde para “abatir” a unos delincuentes utilizó un helicóptero artillado.

En México no existe la pena de muerte, pero el Ejército, la Marina y la Policía Federal la han instaurado en los hechos. No sólo a los delincuentes, sino también a quienes luchan contra la política gubernamental, como sucedió en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, donde fueron asesinados nueve pobladores y heridos más de un centenar por policías federales que efectuaron un desalojo contra maestros que protestaban contra la mal llamada reforma educativa.

Lo ocurrido en la delegación Tláhuac, donde fueron ejecutados varios narcomenudistas, a quienes el gobierno federal y local presentaron como un temible cártel y después reconocieron que no era tal, ha servido para militarizar el Oriente de la capital y establecer un virtual estado de sitio y una campaña en los medios para justificar retenes, allanamientos y violaciones a los derechos humanos de la población. Con ello, más que combatir la delincuencia, lo que se persigue en realidad es crear el ambiente para que se apruebe la ley de seguridad interior que dé carta blanca al ejército y la Marina para sus actividades; así como inhibir la lucha social contra la política económica neoliberal que tanta pobreza, desempleo y violencia ha producido.

En lugar de balas, drogas y redadas los jóvenes necesitan educación en todos los niveles y empleos bien remunerados. Hay que terminar con las causas que los llevan al consumo de drogas. Tratar a los adictos como víctimas de una enfermedad, no como criminales.

Hay que examinar las experiencias de Portugal, donde han sido legalizadas todas las drogas y su consumo disminuyó. O el caso de Uruguay cuyo Estado ha regularizado la producción y venta de marihuana y trata a los adictos como seres humanos.



martes, junio 13, 2017


 
                    EL ENSAYO DEL FRAUDE QUE VIENE


Tomás Oropeza Berumen

 


Las elecciones del domingo 4 de junio son la enésima demostración de que en México no puede haber un juego electoral limpio, porque las instituciones creadas por el Estado para impedir la compra de votos, relleno de urnas, acarreo de votantes y toda las chapucerías habidas y por haber para torcer la voluntad popular son solapadas por éstas. Tal es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y de sus réplicas en las entidades.

El reciente proceso electoral en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz desde su origen y  desarrollo (campaña, votaciones y recuento de las boletas electorales)  estuvo marcado por el fraude. Fue una elección donde el PRI, tuvo en todo momento el apoyo del gobierno federal y estatal. Sobre todo en el Edomex, donde el candidato del tricolor Alfredo del Mazo,  hijo y nieto de gobernadores de esa entidad y además primo de Enrique Peña Nieto, recurrió a todo tipo de artimañas electorales para obtener un  muy dudoso triunfo  sobre la maestra Delfina Gómez, la candidata de Morena que según sus palabras “hizo temblar” al grupo Atlacomulco.

Y es que aún con todas las ventajas que da el poder del Estado, de los empresarios y narcos y la complicidad de las instituciones que en teoría deben garantizar la legalidad del proceso y hacen lo contrario,  la candidata de Morena les dio un tremendo susto y mostró el creciente hartazgo popular con el partido oficial que perdió el 50 por ciento de sus electores, respecto a los que tuvo hace cinco años Eruviel Ávila.

En Coahuila el PRI también “ganó” perdiendo el 38 por ciento de votos respecto a la elección para gobernador de 2011 y por primera vez en 88 años deja de ser fuerza mayoría. Y el PAN apoyado por Morena, PRD, PT y fuerzas locales exigen la anulación de la elección. Es claro que el PRI va en picada -el año pasado perdió en las elecciones en siete estados de doce-  aunque diga que ganó en edomex, donde Morena exige que se cuenten los votos casilla por casilla y el PAN, después del lamentable papel de porra protagonizado por Josefina Vázquez Mota, pide la anulación del proceso.

Es casi seguro que Del Mazo se quede en el gobierno y como su primo, empeore la situación de los mexiquenses asolados por la pobreza, el desempleo, los feminicidios y el narco ya que Morena parece haber renunciado a la movilización popular y continuará la lucha por la vía legal, en los tribunales corruptos de los que es iluso esperar justicia.

Está  en marcha un fraude mayúsculo rumbo a las elecciones del 2018, nadie lo dude aunque el INE antes de investigar lo ocurrido en edomex y Coahuila diga  que es descabellado pensar que hubo fraudes en esos comicios. El PRI seguramente seguirá su alianza con los partidos que le han servido para perpetuarse en el poder y con los que de facto le sirven para seguir empujando al país al precipicio neoliberal y entregar las riquezas nacionales a Estados Unidos, Canadá y China.

Por su parte AMLO anunció el domingo en el Congreso Nacional Extraordinario de MORENA que no se aliará con ningún partido del sistema (PAN, PRD, MC y etc) sino sólo con el PT, como si este no hubiera sido creado hace algunas décadas por los hermanos Salinas de Gortari para dividir el voto opositor.
Lo que resulta claro es que la clase trabajadores, campesinos, estudiantes, y todos los explotados no podemos esperar que nuestra emancipación venga de quienes hoy se disputan el control del Estado burgués. Sabemos que PRI, PAN, PRD, PV son enemigos del pueblo, sirvientes y miembros de la clase capitalista. Sabemos también que la democracia bajo el capitalismo es una máscara que oculta la explotación de clase y la dictadura del capital bajo la simulación de que todos somos iguales a la hora de votar.  Habría que preguntarse si el voto de los ricachones como Carlos Slim, o del mafioso Carlos Salinas, son iguales al de un desempleado, un estudiante normalista o un proletario. La respuesta usted la sabe.
Y por último no olvidemos que el pasado 10 de junio se cumplieron 46 años de aquel jueves de Corpus de 1971 cuando porros entrenados por el ejército, obedeciendo órdenes del presidente  Luis Echeverría Álvarez, dispararon contra cientos de estudiantes politécnicos y universitarios en la calzada México - Tacuba en la capital mexicana, masacrando a decenas de ellos.

Y a 46 años de aquella masacre las estudiantes de la Normal Justo Sierra en Cañada Honda fueron reprimidas junto a los normalistas de Tiripetío, Michoacán que les brindaban su apoyo,  por la policía del estado de Aguas Calientes, con saldo de varios heridos. Tampoco olvidemos cegados por la pestilente bruma electorera que siguen sin aparecer 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Y que todos los responsables de estos atropellos, viejos y recientes, no han sido castigados.