Tomás
Oropeza B.
En medio de
la peor crisis ecológica que se ha vivido en la capital del país, donde más de
20 millones de personas trabajan y sobreviven
respirando humos venenosos generados por más de 6 millones de automotores,
cientos de aviones que aterrizan y despegan diariamente en el aeropuerto
internacional de la CDMX y miles de fábricas que nadie menciona, pero que
trabajan las 24 horas de todo el año contaminando aire, tierra y agua en uno de
los mayores espacios urbanos creados por el capitalismo, el gobierno, de Miguel Ángel Mancera no da pie
con bola. Y el resultado es que el ex DF se ha convertido en un escenario de
pesadilla para sus sufridos habitantes.
En este
panorama que no podría ser más sucio e irritante, a finales de marzo los
diputados de todos los partidos (excepto Morena) aprobaron en la Comisión de
Gobernación la Ley Reglamentaria del
Artículo 29 de la Constitución Mexicana para normar las condiciones que le
permitirían a Peña Nieto repetir en escala nacional lo que hizo contra el
pueblo de Atenco hace 10 años, cuando envió a miles de policías a reprimir,
torturar, violar mujeres y asesinar, para vengarse de los campesinos que habían
derrotado a Vicente Fox, el presidente panista, en su intento por construir un
enorme aeropuerto internacional en sus
tierras de cultivo. Demostración de fuerza, de clasismo y racismo que lo
catapultó a la presidencia, por parte del PRI y una oligarquía dispuesta a todo,
para hacerse nuevamente de Los Pinos.
Hay que
hacer mención que unos días antes el sucesor de Peña en el gobernador del estado de México,
Eruviel Ávila, hizo aprobar una ley que regula el uso de la fuerza pública en
esa entidad, a la que decenas de organizaciones sociales, entre ellas el Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra, se
oponen porque atenta contra las garantías individuales al anular el derecho a
manifestarse, la libertad de expresión y autoriza a la policía a usar armas letales
contra quienes luchen por sus reivindicaciones mediante huelgas, marchas, etc.
Hace unos
años, el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, había logrado la aprobación
de La Ley Bala, mediante la cual sus esbirros podían acribillar a mujeres y
niños que "pusieran en peligro sus vidas", como hicieron en Chalchihuaplan donde
asesinaron al niño Alberto Tehuatlie Tamayo.
Ahora sólo
falta que ésta ley aprobada en la Comisión de Gobernación sea presentada ante
el pleno de la Cámara de Diputados para que entre en vigor. Y lo más seguro es
que ahí se repita el lamentable espectáculo donde todos los diputados –o casi
todos- refrenden la Ley Peña, que suspende las garantías individuales y
establece el estado de excepción, si un ejército extranjero osara poner su
planta en suelo mexicano (¿para impedir la defensa de la patria?); si hubiese un
desastre natural (terremoto, inundación, erupción volcánica); epidemias,
perturbación grave a la paz (¿?) crisis económica que provoque disturbios (como
la que ya se vive en el país) etc.
No cabe
duda, la oligarquía mexicana y su narco estado saben que el México profundo, podría
rebelarse. Y por ello está preparándose para un golpe de Estado legal.
Los recortes
presupuestales a la educación, agricultura, salud, vivienda, etc., para el año
próximo, los despidos masivos, el desempleo de millones de jóvenes, aunado a la
inflación y la recesión económica, son caldo de cultivo para el muy
justificable y creciente descontento social.
Peña Nieto y
su gabinete han demostrado su ineptitud. La crisis económica que han agudizado con
su necedad neoliberal, el crecimiento de la miseria y la concentración de
enormes fortunas en manos de una burguesía parasitaria, no debe continuar.